Prórrogas e indefiniciones en el puerto de Mar del Plata

El Directorio del Consorcio aprobó la prórroga para la apertura de sobres de la licitación de los silos y dejó en estudio el llamado público para una terminal portuaria en el muelle 2. Un mes de plazo adicional para las ofertas por la licitación del servicio de vigilancia y monitoreo.

El Directorio del Consorcio aprobó la prórroga para la apertura de sobres de la licitación de los silos y dejó en estudio el llamado público para una terminal portuaria en el muelle 2. Un mes de plazo adicional para las ofertas por la licitación del servicio de vigilancia y monitoreo.

  
En jurisdicción del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata reina la incertidumbre. Ayer en reunión de Directorio se aprobó la prórroga de 60 días para la apertura de sobres con ofertas para la licitación del predio de los silos que en un principio se conocerían el lunes 18 de febrero.

Desde el Consorcio aseguran que la prórroga fue a pedido de Murchison, la única empresa que retiró el pliego, puesto que necesitaba mayores plazos para presentar la documentación requerida.

El pliego contempla la conformación de una Terminal Multipropósito de Ultramar y prevé un plazo de concesión por 30 años con una inversión de 20 millones de dólares.

Más allá del interés del operador logístico que ya opera en distintos puertos fluviales y marítimos de Argentina, el futuro del predio asoma como sombrío: Por un lado, el actual operador, TC2, impugnó el proceso licitatorio y analiza presentar en la justicia un recurso de amparo.

El otro es más tangible: el puerto registra un descenso sistemático en las descargas pesqueras y sin incentivos para promover el comercio exterior, la carga exportable el mes pasado cayó más del 60% en relación a enero del 2018. Números insignificantes para justificar inversiones millonarias.

Durante la reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, hubo espacio para escuchar a representantes de las empresas de estiba, preocupados por la posibilidad de no poder trabajar en caso de que los silos queden en manos del único interesado hasta el momento.

Afuera, un grupo minúsculo de trabajadores hacía el aguante al sol y rompía el silencio con bombas de estruendo de variada intensidad.

Alberto Ovejero, Santiago Prato, Alberto Rosa, entre otros dirigentes de cooperativas, le pidieron al Directorio que anule el proceso licitatorio para defender las fuentes laborales del sector.

Más allá de la inviabilidad de la petición, Martín Merlini y los directores se comprometieron a analizar la situación para llevarle tranquilidad al sector. De todas formas, la regulación de la actividad, corresponde al propio Consorcio, aunque los controles brillan por su ausencia en los muelles.

Donde también parece que habrá que revisar la letra chica es en la licitación por el servicio de seguridad y monitoreo que el Consorcio lanzó semanas atrás con una inversión de 25 millones de pesos para las terminal portuaria certificada bajo el código PBIP y el sector industrial, al sur de banquina chica.

La apertura de sobres estaba prevista para este viernes 15 de febrero, pero según confiaron fuentes del Sindicato de Vigiladores, se difiere para el 15 de marzo.

La decisión no formó parte de la reunión de Directorio sino que brotó tras una audiencia que se desarrolló el lunes pasado en el Ministerio de Trabajo donde desde el sindicato reiteraron la queja porque el pliego permitía que puedan ofertar cooperativas.

En el Consorcio aplazaron la apertura hasta el mes que viene con el compromiso de revisar la convocatoria de modo de que solo puedan presentarse empresas con personal bajo relación de dependencia.

Lo que sí figuraba en el orden del día del Directorio era el proyecto de resolución de la Gerencia del Consorcio con el llamado público de los predios que ocupa TC2 sobre el muelle 2, unos 12 mil metros cuadrados.

La iniciativa no prosperó a partir de la necesidad que exhibieron algunos miembros del cuerpo de asesores de recabar mayor información sobre la situación del actual operador. Terminal de Contenedores 2, cuyo permiso de uso caducó y no fue renovado por el Directorio por entender que hubo un cambio en la razón social.

El punto que debe determinarse tras el cuarto intermedio es si el actual operador recibe el derecho de preferencia por tratarse de un prestador de servicios que hace más de 10 años opera en el muelle de ultramar, o no recibe ese beneficio, tal como quedó expresado en el proyecto que impulsa Merlini.

“Dejamos de ser una UTE hace un año y conformamos dos sociedades anónimas, pero somos los mismos socios mayoritarios, tenemos el mismo personal, máquinas y contratos con las navieras. Pagamos el canon por las tierras con la nueva razón social, pero el Consorcio no nos reconoce para habilitarnos”, se quejó Bustamante.

Todo, en esta historia, continuará… (ROBERTO GARRONE – REVISTA PUERTO)

16/02/2019 #NUESTROMAR

Compartir nota en las redes →

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ir arriba