Gobierno destinará a los astilleros 600 millones en 15 años (España)

El Consejo de Ministros acordó ayer destinar una partida presupuestaria adicional de 600 millones de euros a los astilleros públicos y privados, con el fin de garantizar la contratación de barcos durante los próximos 15 años. Así, la ayuda permitirá compensar los intereses de los prestamos y las primas destinados a la construcción naval.

El Consejo de Ministros acordó ayer destinar una partida presupuestaria adicional de 600 millones de euros a los astilleros públicos y privados, con el fin de garantizar la contratación de barcos durante los próximos 15 años. Así, la ayuda permitirá compensar los intereses de los prestamos y las primas destinados a la construcción naval.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la medida favorecerá a una industria «muy castigada por la competencia asiática» (que fabrica por debajo de los costes), por lo que espera que sirva para «incrementar la confianza» de los trabajadores de Izar en los planes del Ejecutivo.

De la Vega afirmó que el Ejecutivo se compromete a realizar este gasto adicional en los próximos 15 años, y manifestó que "tanto las inversiones para la actividad militar como las ayudas a la actividad civil quieren poner de manifiesto el trabajo que el Gobierno viene realizando para consolidar el sector naval siempre respetando la normativa de la UE en este aspecto".

La vicepresidenta también anunció que a esta partida presupuestaria se sumará la adjudicación, a la actividad militar de Izar, de la construcción de doce lanchas de desembarco, por un importe de 33,2 millones de euros.

Este nuevo contrato, según De la Vega, supondrá más carga de trabajo para los astilleros públicos militares, que, en su opinión, están afectados en menor medida que los civiles por el plan de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre el futuro de Izar.

Esta adjudicación a la rama militar de Izar, además, se suma a los otros dos proyectos de modernización de la Armada española, que ha encargado a dichos astilleros la construcción de un buque de aprovisionamiento y la modernización del grupo de buques de ‘Proyección’, cuya inversión conjunta asciende a 500 millones de euros.

Sin embargo, estos compromisos del Gobierno no impidieron que la comisión de Municipios en Defensa del Sector Naval, compuesta por nueve ayuntamientos donde Izar tiene presencia industrial y por PNV, IU, PA, PP, BNG e IF, solicitase ayer el veto a los Presupuestos Generales del Estado para el 2005 por no contemplar medidas de apoyo a Izar.

UGT recibió el anunció como «una buena noticia» para el sector, aunque recordó que la empresa pública no podrá beneficiarse de las ayudas hasta que no se solventen los expedientes abiertos por Bruselas. Izar se encuentra al borde de la quiebra y podría entrar en disolución en enero si no devuelve los 1.200 millones de euros concedidos por el anterior Ejecutivo que la Comisión Europea ha declarado ilegales. La vicepresidenta enfatizó que las nuevas medidas respetan las normativas europeas que ponen límites a las subvenciones estatales, «no como se hizo en el pasado».

El Gobierno aprobó también la adjudicación de doce lanchas de desembarco a la división militar de los astilleros públicos. El montante destinado a la construcción de las embarcaciones, ya previsto en el proyecto de Presupuestos Generales para el 2005, asciende a 33,2 millones de euros. Además, el Estado invertirá otros 500 millones en modernizar dos buques de la Armada.

Fernández de la Vega admitió que estas contrataciones no benefician a la rama civil, que es la más afectada. Y es que el Ejecutivo comunitario no tiene competencias para actuar sobre la política de Defensa de los socios en materia de construcción naval. Sin embargo, consideró que los pedidos permiten mantener «vivo y sano» al sector.

Para UGT, lo fundamental es conseguir «cuanto antes» un acuerdo entre los sindicatos y el Ejecutivo que sea aceptable para las autoridades comunitarias, por lo que lamentó que su interlocutor en la Administración -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)- no les haya convocado a negociar desde el pasado día 17. El ministro de Industria, José Montilla, aseguró este jueves que el plazo para pactar el plan industrial de los astilleros públicos podría alargarse hasta el mes de marzo.

El pasado 19 de octubre, los sindicatos y la sociedad pública llegaron a un principio de acuerdo que suponía dividir la compañía en una división militar, con el cien por cien de capital público, y otra civil, participada por el Estado en un 49% y con el resto del accionariado en manos privadas, aunque ambas coordinadas por una misma empresa.

La Sepi se desvinculó de esta propuesta el pasado día 17, alegando que no contaba con el apoyo de la Comisión Europea. Las autoridades europeas la han rechazado porque consideran que no supone una reconversión clara y transparente, en la que el capital público pierde el suficiente protagonismo.

19/04/06
MASMAR

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