El largo camino para vender los astilleros públicos (España)

Los trabajadores, en contra del proceso

Los trabajadores, en contra del proceso

MADRID.- El proceso de venta de los astilleros civiles de Izar se acerca a su final pese al rechazo de los trabajadores. La Sepi dará a conocer el martes cuáles son "los compradores cuyas ofertas han sido las mejor valoradas", según el informe del asesor independiente de la venta.

En definitiva, la Sepi ha decidido unilateralmente vender los astilleros como mal menor. Argumenta que de no hacerlo, la empresa se vería abocada a su cierre. Mientras, los empleados continúan manifestándose en reclamación de una mayor garantía de sus trabajos.
El pasado mayo, UGT y CCOO llegaron a un preacuerdo sobre la venta en el que se establecían garantías laborales para los casi 1.500 trabajadores de los astilleros durante los próximos 10 años . Además, los sindicatos negociaron la creación un consorcio empresarial que no implicase la venta individual de cada centro para cumplir el acuerdo alcanzado en diciembre de 2004 de una venta conjunta de las factorías.

Sin embargo, los trabajadores rechazaron la decisión de sus representantes y realizaron diversas protestas contra el pacto. Desde entonces los sindicatos han intentado que algunas de las pretensiones de los trabajadores, como una mayor garantía del empleo y que la oferta de compra tuviera una mayoría de control público, se incluyeran en el acuerdo.

Pese a ello, según fuentes de UGT, la Sepi no ha accedido incluir estas reivindicaciones y ha decidido seguir adelante con la venta. Construcciones Navales del Norte se quedaría con el astillero de Sestao; Factorías Vulcano, con el de Gijón; Astilleros de Huelva, con la planta de Sevilla; y Ros Casares adquiriría la fábrica de motores de Manises, según fuentes de la negociación.

La crisis de los astilleros públicos comenzó en mayo de 2004 cuando la Comisión Europea (CE) abrió expedientes reguladores para exigir la devolución de 1.200 millones de ayudas públicas concedidas por el Gobierno del PP y declaradas ilegales. Bruselas permite que se concedan subvenciones a los astilleros militares, pero no a los públicos.

El actual Ejecutivo decidió entonces segregar la rama militar de la civil. La primera quedó integrada por los astilleros de San Fernando Cartagena, Ferrol, Fene y Puerto Real en una nueva empresa estatal, Navantia, mientras que se decidió vender los astilleros civiles en un proceso que parece estar cerca de su final.

13/07/06
ELMUNDO.ES

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