Durísimos cruces por 18 hectáreas que pasarían de Zona Franca al Astillero

La decisión del gobierno bonaerense de expropiar 18 hectáreas de la Zona Franca para cederlas al Astillero Río Santiago provocó un duro cruce entre el ente administrador y la ministra de la Producción Débora Giorgi, a quien el directorio del concesionario acusó de impulsar una medida que le ocasionaría un perjuicio millonario al Estado provincial.

La decisión del gobierno bonaerense de expropiar 18 hectáreas de la Zona Franca para cederlas al Astillero Río Santiago provocó un duro cruce entre el ente administrador y la ministra de la Producción Débora Giorgi, a quien el directorio del concesionario acusó de impulsar una medida que le ocasionaría un perjuicio millonario al Estado provincial.

En esa disputa, que tiene como telón de fondo el pedido realizado por el concesionario de la Zona para que el Estado lo indemnice con alrededor de 200 millones de pesos por la expropiación, la ministra consiguió ayer un fuerte respaldo de los senadores del oficialismo (FpV) y del PJ, quienes anunciaron que aprobarán el proyecto de ley que prevé la expropiación de las tierras.

Acompañada por el presidente del Astillero Julio Urien, la ministra de la Producción se reunió durante varias horas con los legisladores del FpV, el PJ y la UCR para explicarles la iniciativa enviada a fines de mayo por el Ejecutivo para expropiar 18 hectáreas de la Zona Franca que hasta la década pasada pertenecieron a la planta naviera.

El proyecto establece que "serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación" los terrenos en los que en su momento funcionaron el taller de corte de chapas, la cocina y el vestuario del Astillero. El "uso y goce" de esas 18 hectáreas será otorgado a la planta naviera, reconociéndose como "única indemnización el monto de las inversiones no amortizadas".

La iniciativa autoriza al Ejecutivo a "requerir judicialmente la posesión inmediata del área" que, por ahora, integra el predio de algo más de 200 hectáreas de la Zona Franca.

ACUSACIONES CRUZADAS

En forma pública, el directorio de la Zona Franca cuestionó a Giorgi y se preguntó "por qué la ministra se niega a cumplir con el contenido del decreto 193/06" firmado por el Gobernador, y "por qué en lugar de fomentar la actividad mancomunada entre el Astillero y nuestra empresa busca crear entre ellas un enfrentamiento que nunca existió".

El concesionario también afirmó en una solicitada que "la ministra, lejos de optar por una salida que beneficie a todos, insiste en seguir un camino que llevará al Estado provincial a afrontar demandas varias veces millonarias" en las que "nunca habrá de lograr un pronunciamiento judicial que le favorezca".

Por último, el directorio del ente administrador señaló que están "abiertos al diálogo y deseosos de alcanzar dentro de un marco de equidad y legalidad una solución".

La ministra salió al cruce de las acusaciones y, tras afirmar que "el camino más rápido y seguro para el Estado provincial es la ley de expropiación parcial de la concesión", dijo que el ente de la Zona Franca "es el responsable del fracaso de la mesa de negociaciones que buscaba la transferencia consensuada de estas tierras como proponía el decreto 193/06".

Ese decreto dispuso la creación de una "comisión de traspaso" -formada por la jefatura de Gabinete, Astillero, Producción, el concesionario y representantes de los usuarios- para hacer operativo el traspaso de las tierras. Giorgi dijo que "allí fracasaron todas las negociaciones por la posición intransigente del concesionario, que reclamaba 200 millones de pesos, un 70% de aumento de las tarifas, la concesión directa del puerto y una extensión de tierra denominada Península de los Perros".

La ministra afirmó que "ante la intransigencia del concesionario" y las "desmesuradas demandas" planteadas por éste en la renegociación del contrato, el Estado decidió apelar a "otro instrumento legal y legítimo", que permite "un traspaso mucho más rápido" y "minimiza el impacto en el presupuesto provincial, al reducirlo a alrededor de dos millones de pesos".

Esa cifra indemnizatoria, casi inexistente frente a los 200 millones que reclamaría el concesionario, surge del monto de las "inversiones no amortizadas" que serían tomadas en cuenta por la Provincia para pagar la indemnización.

Además, según afirman en Producción, la Ley General de Expropiaciones vigente en la Provincia excluye el pago de las ganancias que deja de percibir el concesionario. Justamente, los 200 millones de pesos que exigiría el ente administrador serían por el "lucro cesante".

RESPALDO DEL SENADO

Giorgi mantuvo ayer largas reuniones con los senadores del FpV, el PJ y la UCR para explicar el alcance del proyecto de ley y aclarar que "la Zona Franca podrá seguir operando normalmente en las casi 200 hectáreas que no serán afectadas por la expropiación, de modo que no se lesionarán sus derechos".

Al finalizar esos encuentros, el titular del bloque de senadores del FpV, Osvaldo Goicoechea, aseguró que "en la próxima sesión -prevista para el miércoles de la semana que viene- se aprobará la ley que permite la expropiación" de las 18 hectáreas.

Por su parte, el jefe del bloque del PJ, Federico Scarabino, se mostró "a favor de la expropiación de los terrenos", pero aclaró que "hay que estudiar minuciosamente la documentación existente y el mecanismo de sesión de las tierras, a fin de preservar y evitar que la Provincia se vea perjudicada en un futuro".

08/06/06
EL DIA

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