El Instituto Geográfico Nacional (IGN) concluye en un informe que hay relación directa entre los cerca de 400 seísmos que se registraron en septiembre del año pasado en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén situado en el mar, frente a las costas de Vinaròs (Castellón). “Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”, asegura el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en las conclusiones.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) concluye en un informe que hay relación directa entre los cerca de 400 seísmos que se registraron en septiembre del año pasado en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén situado en el mar, frente a las costas de Vinaròs (Castellón). “Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”, asegura el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en las conclusiones.
El Gobierno encargó a este organismo que evaluara la relación entre los temblores registrados en la zona de Vinaròs y el proyecto gasístico. El diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto pidió conocer el contenido del informe a principios de este año. Pese a estar fechado el 17 de diciembre, le fue remitido el 10 de abril pasado. “Los expertos aseguran que los estudios aún son insuficientes, es decir, que no se sabe lo que puede pasar. La plataforma debe permanecer cerrada “, señala Sixto. “La clausura no debe costar dinero a los ciudadanos; no tenemos que pagar por las decisiones equivocadas que tomaron algunos”, añade.
Tras un análisis detallado, el informe descarta que los seísmos tengan su origen en la falla de Amposta. “Se trataría de otra falla, no cartografiada”, señala, la que provocó los temblores. El almacén de gas se levantó sobre una falla de 51 kilómetros perfectamente registrada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En los alrededores hay otras dos grandes fallas, de 18 y 35 kilómetros, y muchas más de tamaño más pequeño que no están cartografiadas. Una de ellas es la que, según el IGN, tiene “relación directa” con la actividad sísmica.
Fallas, terremotos y aprovechamiento de hidrocarburos en la costa
La crisis del Castor comenzó en septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos cuando Escal UGS, controlada por ACS, comenzó a inyectar gas colchón para probar que la instalación funciona correctamente. El Proyecto Castor aprovecha un antiguo yacimiento petrolífero situado a unos 21 kilómetros de la costa, frente a Vinaròs (Castellón), y a 1.700 metros de profundidad. Se trata de un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente a un tercio de lo que consume toda España en 50 días
La plataforma Castor lleva cerrada desde que se registraron los seísmos y el Gobierno, en especial el ministro de Industria, José Manuel Soria, repite desde entonces que está esperando las conclusiones de los científicos para decidir si el cierre es definitivo o si se reabre la instalación.
Según cálculos del Ministerio de Industria, el proyecto ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones pertenecen a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones corresponden a costes financieros.
El Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado la petición del Gobierno de anular la indemnización al almacén de gas Castor en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado pidió –en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los seísmos– la anulación de una cláusula del real decreto de 2008 con el que se autorizó la concesión administrativa por considerarla abusiva y contraria al interés general.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.
El Gobierno, con los votos del Partido Popular, aprobó a finales del año pasado la Ley de Evaluación Ambiental que, entre otras cosas, obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se use la técnica de fracturación hidráulica (fracking), incluye multas a las prácticas de bunkering que hacen las llamadas gasolineras flotantes (buques que suministran combustible mientras están permanentemente fondeados) y obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón). (Por Elena Sevillano: El País – España)
13/05/14