De Nissui a Newsan, de Bustamente a Gerpe y la negra con Buryaile

Algunos medios argentinos continúan relatando la historia inconclusa sobre los sumarios contra las empresas pesqueras Pesantar y San Arawa. También mencionan el debate dentro del Consejo Federal Pesquero (CFP) acerca de propuestas para la distribución de la merluza negra, que aún no tiene definida su situación.


Algunos medios argentinos continúan relatando la historia inconclusa sobre los sumarios contra las empresas pesqueras Pesantar y San Arawa. También mencionan el debate dentro del Consejo Federal Pesquero (CFP) acerca de propuestas para la distribución de la merluza negra, que aún no tiene definida su situación.

Todo parece indicar que el Gobierno y los empresarios no tienen en cuenta cómo deberían funcionar las cosas si se pretende respetar las leyes y trabajar de manera correcta. El partido gobernante asumió bajo el slogan “CAMBIEMOS”, por lo que si quiere honrar esa definición política, debería cambiar la forma de resolver las cosas, al menos en el sector pesquero que nos ocupa.

El buque Echizen Maru pertenecía a Pesantar cuando esta compañía todavía formaba parte del grupo Nissui, por lo que debería haber perdido su licencia de pesca en forma automática, según describe la ley. Newsan compró una empresa que no debería haber podido pescar hasta la fecha. Todo lo denunciado en su momento por Juan Benegas quedó confirmado cuando Nissui se allanó a la denuncia, y pagó la multa aplicada por el Gobierno por las claras evidencias en su contra.

La maniobra posterior del grupo Newsan de comprar a las apuradas Pesantar para darle continuidad a las operaciones pesqueras de dicha empresa, es algo inconcebible en un país normal. Lo correcto hubiese sido que el Echizen Maru perdiera la licencia, tal como indica la ley, y que Newsan comprara después dicho buque y solicitara el reintegro de su permiso de pesca y las cuotas asignadas por motivos laborales, sociales, comerciales o lo que resulte más convincente (ese ya sería otro tema). En esta hipótesis, sería honroso y políticamente aceptable que la gobernadora de Tierra del Fuego y el ministro Buryaile encuentren el argumento legal para que Newsan pueda operar el Echizen Maru libre de culpas.

Lo que NO se debería hacerse es lo que está ocurriendo en estos momentos:

1- La gobernadora Rosana Bertone presiona al Gobierno nacional y al CFP para que definan la distribución de las cuota de merluza negra, estableciendo como condición sine qua non que se resuelvan los sumarios que tienen abiertos las empresas Pesantar y San Arawa con sede en su provincia.

2- El representante de Tierra del Fuego ante el CFP, Luis Vázquez, dijo a la Revista Puerto que “(…) lo que se está buscando es un acuerdo, una propuesta en común que tenga en cuenta también el interés de las empresas”.

3- El ministro Buryaile dijo públicamente que se le dará “celeridad” a los sumarios que ya tienen todos los plazos vencidos bajo su propia administración… (?!)

A principios de este año, le envié un cuestionario al ministro Buryaile y al subsecretario de Pesca Tomás Gerpe, del cual no he tenido respuesta. En realidad, Tomás Gerpe mandó a decirme, por un amigo en común, que tuviera un poco de paciencia y que me iba a responder. Han transcurrido ocho meses y creo haberles demostrado no solo paciencia, sino también haberles darles el tiempo suficiente para que aclaren cosas que aún siguen manejándose de manera irregular y cuestionable.

A poco de haber asumido, Buryaile hablaba a los medios de las “se terminen los nichos de corrupción de algunos vivos” (SIC) que jamás definió o denunció en la Justicia, y Gerpe transmitía que “se acabó la joda” (SIC). Si había “joda”, seguramente él la conocía y por lo visto, la administra sin quejarse en la actualidad (tampoco definió dónde estaba la “joda” ni realizó denuncia alguna ante la Justicia).

No hay que ir muy lejos para ver cómo se manejan en otro país, como es el caso de Chile, las cuotas de merluza negra que forman parte de la “reserva”. Con total transparencia, el país vecino remata dichas cuotas y se las lleva el que más dinero le deja al Estado. En números, estoy diciendo que si se distribuyen 100 toneladas de merluza negra ingresarían al Estado aproximadamente USD 700.000. Si se rematan 200 toneladas,  ya se superaría cómodamente el millón de dólares, y la cuenta se pone aún más atractiva manejando los volúmenes que el CFP y el Gobierno nacional piensan “regalarle” a cuatro empresas que solo ven cómo se cuestiona el mecanismo para aplicar el porcentaje que se le entregaría a cada una.

Quien diga que no se está en condiciones económicas de pagar al Estado por recibir una cuota adicional de la llamada “reserva”, que tenga en cuenta las ventas o “alquiler” de licencias que hubo en el pasado entre las cuatro mismas compañías que ahora esperan ansiosas un regalo del Estado (si pudieron pagarse entre ellas, tranquilamente podrían pagarle al Estado nacional tal como se hace actualmente en Chile). Esto que menciono podría servir de referencia a las autoridades, aunque debo confesar que he perdido las esperanzas de ver algún cambio concreto, o al menos una señal de rumbo diferente, que indique otras intenciones a las observadas hasta la fecha.

Es una pena que los funcionarios solo miren sus intereses propios, o el de algunos amigos aportadores de dinero durante la campaña, y no los del país al cual deben su cargo y responsabilidad. Hasta el momento, las nuevas autoridades han demostrado que la política de Gobierno, al menos en este sector, es un poco más de lo mismo, al intentar negociar la interpretación de leyes y el otorgamiento de recursos nacionales a cambio de algo que desconocemos. Cabe hacerse la pregunta si es por ignorancia, estupidez o por solidaridad con un sistema corrupto del cual viven muchos y todos se quejan.

Lo que no dicen los medios de la Argentina es, por un lado, que el exsubsecretario Bustamente trabaja en la actualidad como “asesor” de la provincia que reclama la definición urgente de los expedientes que él mismo supo dilatar. Tampoco mencionan el lobby que ha ido tejiendo el grupo Newsan con las nuevas autoridades. Detrás de lo que se intenta mostrar hay una película paralela en el CFP, en la Subsecretaría y a nivel empresarial.

Sería muy lógico y aceptable mantener operativo un buque sumariado con sus fuentes trabajo, pero el Estado debería haberle “arrendado” la licencia del Echizen Maru a Newsan por los millones de dólares que la administración pública ya le regaló en forma inexplicable (explicable en un café del puerto…). Basta multiplicar la licencia asignada al pesquero sumariado, incluyendo el premio de cuota de reserva dado por la anterior administración, por unos USD 7.000/TM, y la cuenta mostraría a las claras lo que FIS anticipó en notas anteriores. (Por Andres Loubet-Jambert; Fis.com)

13/09/16

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