Plantear una discusión racional sobre la vigencia o no del régimen de los reembolsos por puertos patagónicos parece un objetivo difícil de alcanzar. A lo largo de su historia, que data de las postrimerías de la dictadura hasta nuestros días, cada vez que aflora el tema oculta tras de sí algún otro interés ajeno al fin que se tuvo en cuenta al establecerlos.
Esta vez fue un diputado de la provincia de Buenos Aires el encargado de tantear cuantas voluntades reuniría la idea de eliminarlos. Que el referido diputado pertenezca al sector del Partido Justicialista que se ha distanciado de la mayoría oficialista de la Cámara y sea uno de los promotores de la eventual candidatura de Roberto Lavagna para las próximas elecciones presidenciales, es un dato que, lamentablemente, no puede obviarse a la hora de analizar el por qué de la propuesta.
La Legislatura de la provincia de Chubut, rápida de reflejos, de inmediato declaró su rechazo al posible intento.
Sin embargo, tanto los que promueven la derogación del régimen como los que lo rechazan saben que hay otras intencionalidades detrás de la propuesta.
Ahora bien, vale la pena preguntarse que elementos deberían considerarse para iniciar una discusión racional sobre el mantenimiento o no de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos. Para ello, debería partirse de los objetivos tenidos en cuenta para establecerlos, inspirados en la necesidad de establecer políticas que compensaran los mayores costos de transporte que afronta la Patagonia, determinados por las grandes distancias que la separan de los centros de producción y consumo, lograr un desarrollo integrado de la región mediante la radicación estable de población, promover la instalación de industrias y desarrollar la infraestructura de sus puertos, entre otros.
Pronunciarse a favor o en contra de los reembolsos sin encarar seriamente un estudio económico sobre el costo fiscal que los mismos tienen, sobre cómo impactan en las economías regionales, sobre el empleo y sobre la competitividad de nuestras exportaciones, distorsiona la discusión y lesiona la posibilidad de avanzar en proyecto de crecimiento armónico e integrado de todas las regiones de nuestro país.
Los términos del debate tampoco deberían ceñirse a una discusión doctrinaria sobre los alcances del federalismo, tema del que se habla mucho quizás ocultando que se hace poco.
Argumentar sobre la conveniencia de su eliminación a partir que son beneficios para los patagónicos que pagan el resto del país se refuta fácilmente diciendo que los 126 millones con los que se subsidia al transporte público metropolitano también salen de los bolsillos patagónicos. Claro, ambos discursos están cargados de demasiado egoísmo y miopía, por lo que también sería saludable desecharlos.
Hasta tanto no se realice una profunda evaluación para conocer si los objetivos por los que fueron instaurados se han cumplido, la discusión no puede centrarse en la necesidad o no de eliminarlos, ya que la efectividad de esta medida queda demostrada con tan sólo recorrer el litoral marítimo patagónico y observar que donde antes solo había simples caseríos hoy se vislumbra una actividad económica en crecimiento alrededor de puertos que se convirtieron en ejes de la economía regional.
Las aspiraciones y posibilidades de crecimiento de una región postergada por las distancias y los costos diferenciales no pueden formar parte de simples latiguillos de campaña que pretendan llevar agua a uno u otro estanque.
Como Nación nos debemos coherencia con aquellos que a través de los reintegros a las exportaciones por puertos patagónicos pretendían terminar con asimetrías que aún nadie puede sostener empíricamente que se han eliminado.
21/08/06
PESCA & PUERTOS
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