En una reunión celebrada ayer por la mañana en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, los principales dirigentes de la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras, plantearon al ministro Coordinador Norberto Yauhar y al secretario de Pesca, Juan Berón, su preocupación por la dilatación de las medidas fiscales gestionadas ante el Ejecutivo y el Congreso Nacional para aminorar las consecuencias de la crisis que vive el sector.
Luego del encuentro, el ministro Norberto Yauhar dijo que como primera medida a nivel local, «ya se han renovado desde hoy los permisos de pesca de la Capip, para darle tranquilidad al sector de que van a poder solicitar créditos para afrontar la baja en la captura. Iban a vencer en junio, y hemos anticipado la prórroga para que puedan renegociar la cadena de pagos».
El funcionario explicó que «con esto se garantiza la fuente de trabajo, que es lo que estamos pidiendo permanentemente al sector empresarial».
Por otra parte, Yauhar sostuvo que a nivel nacional se está trabajando sobre dos ejes de medidas, «uno está en manos del Ejecutivo, que es la devolución de los derechos de exportación y el reintegro de retenciones, que se maneja por vía resolutiva por decreto. El otro es un proyecto de ley que se tiene que trabajar, y que tuvo algunas modificaciones porque se discutía que abarcaban los reembolsos por puertos patagónicos».
Según el jefe de Gabinete, el trámite ante el Ejecutivo es el más urgente «porque es fundamental para afrontar los próximos meses. Parte del viaje que anunció el Gobernador es para acelerar ante Javier de Urquiza los pasos del otorgamiento de estas alternativas», aseguró.
«ES UN AÑO COMPLICADO»
También hizo declaraciones luego de la reunión el secretario de Pesca, Juan Berón, quien explicó que «en realidad la Capip vino a plantear sus inquietudes, y obviamente querían saber cómo iban las gestiones, que están avanzando muy firmemente».
«Están muy interesados porque este recorte importante que hubo en el cupo de merluza incide».
Definió el actual como un año complicado «donde hay que buscar acuerdos y mantenerlos, respetando la palabra de cada uno de los sectores». Y sostuvo que la demora en las gestiones se deben al «cambio del ministro de Economía, ya que hubo que replantear todos los temas. Esto es algo que maneja directamente el gobernador, por lo que esperaremos otro contacto con el nuevo ministro, aunque esto retrasa las compensaciones».
El funcionario manifestó que los empresarios «necesitan que esto se resuelva, y nosotros coincidimos, porque es absolutamente real y necesario. No se busca imponer a la Nación una propuesta descabellada, sino que es una situación complicada».
Sobre las posibles consecuencias que puede traer una demora mayor, dijo que «no vamos a hacer futurología, por lo que continuaremos con las gestiones ante la Nación. Entendemos que hoy están ocupados con el tema del campo, pero la actividad pesquera también es importante».
LA POSTURA SINDICAL
Si bien los empresarios de la Capip se retiraron sin hacer declaraciones, quien sí habló fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Luis Núñez, quien había sido invitado a Casa de Gobierno a una reunión por el tema precios, pero nada sabía acerca del encuentro con los empresarios pesqueros.
Núñez sostuvo que los sindicatos ligados a nivel nacional al procesamiento en tierra de los productos de mar, «no hemos tenido ninguna reunión con los representantes de la Capip que dicen que la situación es crítica. Si bien hemos escuchado por los medios que ellos hablan de una crisis, con nosotros no se han reunido, por lo que no hubo interés por ponernos al tanto».
El dirigente gremial dijo que de todos modos, si hay una crisis «las empresas han tenido muchos años de bonanza pescando nuestros recursos, y cuando hay inconvenientes para algún sector, tendrán que echar mano a sus recursos para seguir adelante».
Independientemente de esto, Núñez dijo que se ha pedido una nueva convocatoria para discutir el nuevo convenio colectivo para este año. Respecto a la situación laboral, sostuvo que «hay tres empresas que han desvinculado trabajadores a través de acuerdos y retiros voluntarios. El número no es importante, pero de parte del gremio ya estamos solicitando a autoridades de Trabajo y pesca, inspecciones para determinar la cantidad de trabajadores en planta de las empresas que tienen permisos de pesca».
Esto se debe, según el sindicalista, a que «hay un artículo de la ley provincial de pesca que establece que se le pueden suspender los permisos a aquellas empresas que no mantengan la dotación de trabajadores declarada al 31 de enero de 2006. Si llegara haber despidos encubiertos, nosotros vamos a hacer las denuncias respectivas, porque si hay una ley la tienen que cumplir».
13/05/08
EL CHUBUT
