Ante el reclamo de un 30 por ciento de aumento por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, empresarios de Puerto Deseado, Santa Cruz, señalan que los funcionarios y los gremialistas "no tienen idea de la crisis".
PUERTO DESEADO - Un pedido de incremento salarial del 30 por ciento formulado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación –STIA– de Puerto Deseado, expuso las serias dificultades que enfrentan las empresas pesqueras de la localidad, cuyo responsables señalan que tanto la parte gremial como los funcionarios de esta ciudad están muy lejos de comprender la dimensión exacta de la crisis. “No tienen ni idea de dónde están parados –ya que– hace unos días atrás nos llamaron urgente a una reunión para presionarnos con pedido de subsidios para los estibadores que habían ganado 5 mil pesos”, disparó un gerente que pidió anonimato.
La petición de un aumento para los operarios pesqueros fue realizada por José Aguilar, uno de los secretarios normalizadores del gremio a nivel provincial, quien declaró que “las empresas tienen que poner un granito de arena porque se hace imposible vivir con 2.300 pesos mensuales cuando los servicios, el alquiler y la canasta familiar se fueron por las nubes y pareciera que el sector más castigado siempre resulta ser el operario pesquero, ya que otra vez el hilo se corta por lo más fino”.
El gremialista dijo que tras una reunión celebrada con los distintos delegados de las plantas locales se acordó iniciar el reclamo salarial. “Hemos cursado una nota a CAPeCA pero la respuesta enviada por el secretario ejecutivo Daniel Molina Carranza ha sido negativa y si este martes no hay una respuesta vamos a vernos obligados a comenzar a negociar de manera individual con cada empresa”, dijo Aguilar, puntualizando que “estamos pidiendo que nos hagan una oferta, nosotros pretendemos un incremento de setecientos pesos que puede ser no remunerativo, pero queremos que el trabajador llegue por lo menos a 3 mil pesos de bolsillo, y conste que no pedimos subsidio, estamos pidiendo que el trabajo de la gente sea valorado”.
Al referirse a la delicada situación que enfrenta la actividad pesquera en su conjunto, Aguilar marcó serias diferencias con las empresas de Chubut: “Ellos tienen 4.500 empleados, nosotros en la provincia no llegamos ni a 1.200; no se puede comparar de ningún modo, allá hay empresas concursadas, aquí ninguna solicitó medidas de salvataje. Harengus tiene 500 empleados, Alpesca tiene 1.700, no pretendemos el quebranto económico de nadie pero aquí hay empresas que tienen varios permisos de pesca y en muchos casos menos de 50 personas en planta, y otras que trabajan con cooperativas, así que alguna solución para el obrero tiene que haber”, insistió.
Por su parte desde CAPeCA se indicó que en estas condiciones, con empresas trabajando a pérdida y con plantas abarrotadas de materia prima, un aumento salarial parece imposible de otorgar, al menos, mientras no se observe un repunte de la actividad.
Inamovible en su postura Aguilar declaró: “Es cierto que las exportaciones han descendido pero se continúa exportando. Lo que pasa es que muchos guardan materia prima para cuando mejore el precio, pero no es cierto que los mercados estén realmente cerrados. Nosotros no podemos ser socios de los empresarios sólo en las pérdidas, porque cuando a ellos les va bien a nosotros nos sigue yendo mal”.
En ese sentido el gremialista cargó contra aquellas empresas que se quedaron sin calamar para el reproceso en planta: “Es cierto que la jornada laboral se redujo por falta de materia prima, de procesar ocho toneladas diarias se pasó a procesar cuatro, pero ahí tampoco podemos ser culpables nosotros, sobre todo cuando hay empresas que durante el año pasado no sacaron los barcos; otras como Pesquera Santa Cruz, Arbumasa y Empesur fueron inteligentes y guardaron calamar en sus cámaras y no tienen el problema de la falta de materia prima, por eso nosotros no podemos hacernos cargo de la falta de previsión”.
Por otro lado, al menos dos gerentes consultados por Revista Puerto fueron categóricos al señalar que “no se puede seguir tirando de la cuerda porque se va a cortar”.
Uno de los gerentes, que prefirió el anonimato, indicó que “la situación es crítica, el STIA pide aumento con razón, pero lo concreto es que no sabemos qué va a pasar con el personal embarcado, ni de dónde vamos a sacar para pagarles las mareas porque el langostino que capturamos no lo podemos vender”.
Por MARINA PACHECO
29/04/09
REVISTA PUERTO
