Un grupo de buzos de gran profundidad entabló una demanda al gobierno, afirmando que el trabajo a profundidades extremas durante los primero días del “boom” de la actividad petrolera costa afuera en Noruega, les arruinó la salud y vulneró sus derechos humanos.
De acuerdo con una comisión gubernamental que estudió el caso, los así llamados “buzos pioneros” fueron enviados a profundidades extremas –a veces experimentales – para trabajar en instalaciones petroleras en las décadas de los setenta y los ochenta.
El pleito iniciado el lunes 21 por los 24 buzos en la corte de la ciudad de Oslo es la segunda prueba legal que enfrenta el gobierno respecto de su responsabilidad hacia los buzos.
En agosto, la corte ordenó al gobierno pagar más de u$s 5,4 millones a tres buzos que efectuaron un reclamo similar. El gobierno apeló el veredicto.
Los resultados de estos dos casos podrían precipitar una lluvia de demandas por daños de otros buzos afectados, algunos de los cuales se quejan de daños pulmonares y cerebrales. El actual caso se extenderá, según lo previsto, hasta el 15 de mayo.
Los buzos han sido frecuentemente llamados las “víctimas olvidadas” de una industria que hizo de Noruega uno de los grandes exportadores de petróleo y uno de los países más ricos del mundo.
En su presentación introductoria, el abogado Marius Reikeraas afirmó que algunos de estos profesionales fueron enviados a profundidades de 1.300 pies, incluso tan recientemente como en el año 2002. El límite de seguridad ha sido ahora fijado en 590 pies.
“Este es un caso de prueba para el gobierno de Noruega en relación con el respeto a los derechos humanos”, sostuvo. “La pregunta central es si el gobierno estaba al tanto de los riesgos de lesión que los buzos afrontaban”.
La demanda, entablada formalmente contra el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social, alega que el gobierno violó la Convención Europea sobre Derechos Humanos, cuando los envió a profundidades peligrosas conociendo, o debiendo conocer, los riesgos que ello implicaba.
Si los buzos ganan el pleito, el gobierno podría verse obligado a compensarlos económicamente.
El gobierno ha aceptado la responsabilidad moral y política sobre el asunto, pero rechaza cualquier obligación legal. Sin embargo, en 2004, el Parlamento autorizó el pago de compensaciones por cerca de u$s 500.000 por persona para un grupo de alrededor de 200 buzos, suma adicional a pagos previos por más de u$s 90.000 efectuados a cada uno.
Una investigación oficial hecha pública en diciembre de 2007, estableció que un quinto de los 139 buzos activos entre 1965 y 1990 reciben pensiones por discapacidad. Reikeraas dijo que el número de buzos lesionados se acerca probablemente a los 200.
(Fuentes: AP. TheState.com; 28/01/08)
05/02/08
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Traducción de NUESTROMAR
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