"Este juicio recién empieza. La Procuración General dijo que el caso es de competencia originaria de la Corte, pero los ministros aún no lo resolvieron. Hay consenso y, si todos acuden al acuerdo, puede salir una primera resolución", explicó una fuente judicial.
El recurso fue iniciado por vecinos de barrios porteños y sectores del conurbano bonaerense perjudicados por la contaminación que producirían 44 empresas que desarrollan actividades industriales a la vera del Riachuelo.
Los gobiernos de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma fueron demandados por no haber cumplido con las disposiciones ambientales vigentes. "Desviaron fondos específicos hacia objetivos ajenos a la solución de la problemática ambiental denunciada, no ejercieron sus facultades de control y no instrumentaron políticas preventivas idóneas al respecto", argumentaron.
Si bien el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó fondos para el programa de gestión ambiental y de manejo de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, pasaron ocho años sin que se adoptaran recaudos para sanearla.
En principio, la Corte trasladará los reclamos a las partes para que contesten y recién, posteriormente, fijará audiencias para debatir el asunto.
Los demandantes pidieron una medida cautelar que disponga la creación de un fondo de asistencia y compensación ambiental a constituirse con fondos de la Nación, el Estado bonaerense y el gobierno porteño.
También propugnan que se registre en la Inspección General de Justicia y organismos públicos de comercio a cada uno de los accionistas de las empresas que serían responsables de la contaminación para que, eventualmente, afronten con su patrimonio personal las eventuales multas o indemnizaciones.
Los vecinos --unos 150 en total-- peticionaron un plan de gestión que fije plazos perentorios para establecer un diagnóstico del daño sanitario causado. Este aspecto incluiría un relevamiento del estado de los ciudadanos que viven en la cuenca.
La demanda, finalmente, se orienta en varios sentidos:
* Poner fin a las acciones contaminantes.
* Lograr el saneamiento del río.
* Obtener indemnizaciones por los daños causados a los pobladores que conviven con los tóxicos emanados de las aguas.
Fernanda Balatti/Agencia DyN
20/6/06
LA NUEVA PROVINCIA
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