Los jueces quieren precisiones sobre el plan para el saneamiento de la cuenca.
La Corte Suprema de Justicia exigió plazos y pidió detalles sobre el plan de saneamiento del Riachuelo que el Gobierno presentó ayer y al que destinará 5672 millones de pesos en cinco años, después de que el tribunal intimara a los estados nacional, provincial y porteño a dar una solución a las millones de personas afectadas por la contaminación en la cuenca.
"Esta contaminación es la resultante de un proceso de degradación social y ambiental acompañado por el silencio y la indiferencia de todos los estamentos de poder durante largas décadas", dijo la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti antes de comenzar la presentación que se extendió por una hora y media ante el tribunal presidido por Enrique Petracchi e integrado por los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.
Los jueces hicieron varias preguntas a la funcionaria sobre el plan que dejó algunas dudas que, tal vez, empiecen a despejarse cuando se transforme en ley el proyecto para crear una autoridad de cuenca, que hoy se estudia en el Senado.
En un auditorio repleto ocupaban las primeras filas el ministro de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Vensentini, y la secretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, Silvia Suárez Arocena. Además, estaban los representantes de las ONG que se presentaron como terceros en el conflicto y el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
La audiencia fue seguida por más de 180 personas -entre los que se contaban público y periodistas, en la planta baja del palacio de Tribunales-, a través de pantallas gigantes.
El plan presentado por Picolotti se basa sobre cuatro puntos: el institucional, el saneamiento, el social y el ordenamiento ambiental del territorio. El aspecto institucional contempla la creación de la autoridad de cuenca que deberá controlar y podrá sancionar a las empresas que contaminen. En cuanto al saneamiento y ordenamiento ambiental del territorio, el plan incluye la realización de cloacas y la construcción de plantas de tratamiento; un programa de reconversión de empresas y, cuando esto no sea posible, su relocalización; responder a un marco de regulación único y la instrumentación de políticas de control de efluentes; y la instrumentación de acuerdos interjurisdiccionales para la gestión de los residuos sólidos en el espejo de agua.
El social está dirigido a los sectores más vulnerables a la contaminación y contempla programas de previsión de agua potable, obras de drenaje pluvial, atención sanitaria y educación ambiental.
Este último punto fue uno de los más observados. Mondino, tras la presentación, opinó: "Es un gran plan de obras públicas, con controles ambientales, pero sin resolver la emergencia sanitaria. Nuestra opinión la daremos oficialmente el martes, pero a primera vista no hemos observado un plan integral".
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió: "Una línea de base permite saber si mejora la situación. Es necesario un estudio epidemiológico, por más tiempo que demore". También mencionó la ausencia de mecanismos de control social y del acceso a la información y rescató la creación de una autoridad de cuenca.
06/09/06
LA NACION