Las compañías navieras que aplican esta modalidad achican sus gastos hasta un 50%. Unos 2.000 trabajadores argentinos de la hidrovía están regidos por legislaciones más flexibles como las de Bolivia y Paraguay. Los empresarios locales apelan a esas banderas para ahorrar costos.

Aunque las empresas constructoras y los tripulantes sean argentinos, las banderas que flamean en las embarcaciones que navegan los ríos del país son extranjeras, en su mayoría bolivianas. Y no se trata de una situación transitoria o accidental, sino de una práctica extendida entre los empresarios del sector naviero, los que gracias a una legislación permisiva logran de ese modo bajar sus costos cerca de la mitad.

Un rápido vistazo sobre las barcazas, remolcadores y buques que recorren los 3.400 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay permite establecer que sólo un puñado de las naves cuenta con el pabellón nacional, y que la inmensa mayoría restante exhibe banderas extranjeras, incluso si su personal a bordo es argentino, lo cual implica no sólo costos laborales más bajos sino también menos impuestos y controles.

El diagnóstico fue expuesto a Infobae por sindicatos de la actividad y es compartido por lo bajo por algunos empresarios pero no pudo ser contrastado entre los funcionarios nacionales a pesar de numerosos intentos por contactarlos. En el sector dijeron que los responsables gubernamentales coinciden con las conclusiones pero que prefieren ir de a poco, luego de haberse logrado hace dos años la firma del decreto 1.010, de abanderamiento de la Marina Mercante nacional (ver aparte), por parte del presidente Néstor Kirchner.

La situación de la hidrovía puede definirse como la persistencia (a menor escala que en la década pasada) del sistema de “banderas de conveniencia”. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que mantiene una campaña en contra de esta modalidad, define las banderas de conveniencia como “una forma de evitar la normativa laboral del país de propiedad de los buques” y que tienden a ser “un vehículo para el pago de bajos salarios y para forzar a los marinos a trabajar horas excesivas bajo condiciones de trabajo no seguras”.

Marcos Castro, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, calculó que unos 2.000 argentinos trabajan embarcados en navíos de bandera boliviana, cuando la mayoría pertenece a empresas argentinas.
“De acuerdo con un informe internacional, el hecho de no cumplir las normas de seguridad en los buques les da a las empresas una ventaja competitiva de 30% respecto de las que sí lo hacen. Si a eso le sumamos un ahorro de al menos 10% en impuestos, y otro tanto en cargas laborales, regirse bajo otras banderas genera un ahorro de más de 50%”, estimó el dirigente.

Si bien la maniobra no encierra ilegalidad alguna por estar amparada en el marco regulatorio del acuerdo de hidrovía, que involucra a los cinco países firmantes (la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), los críticos del sistema alegan que los empresarios argentinos abusaron de una normativa ideada originalmente para compensar las asimetrías económicas entre esas naciones.

“La hidrovía está regida por el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, por el cual los cinco países tienen la libertad y la competencia para hacer transportes en los puertos, y los transportistas pueden usar cualquier bandera”, argumentó el empresario Horacio López, secretario de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Según el directivo, cada compañía “utiliza distintos pabellones de acuerdo a sus intereses y capacidades”.

Castro, por su parte, fue más crítico: “Ya le pedimos al Presidente revisar todos los acuerdos de hidrovía y exigir reciprocidades. Tenemos que hacer valer nuestro peso como nación porque en el ámbito fluvial la Argentina perdió muchísimo a expensas de otros países”.
 
En dos años, el decreto 1010 engrosó la matrícula nacional.

A dos años de la vigencia del decreto 1010/04, que derogó el sistema de banderas de conveniencia, 210 embarcaciones se incorporaron a la matrícula argentina. En el mismo período, según datos oficiales, se sumaron 57 unidades nuevas (36 construidas en el país, 2 en el extranjero y 19 usadas).

Mientras duró la vigencia del sistema de banderas de conveniencia, un total de 295 embarcaciones fueron inscriptas en el régimen. Y se calcula que unas 150 salieron de la matrícula nacional.

El decreto firmado en agosto de 2004 por Néstor Kirchner fue la concreción de un viejo anhelo de los gremios marítimos, que festejaron la medida dentro y fuera de la Casa Rosada el día en que se realizó el acto.

La normativa derogó el decreto 1772/91 y les dio a los empresarios del sector dos años de plazo para restituir la bandera nacional en sus embarcaciones registradas bajo otros pabellones, al tiempo que generaba beneficios para la construcción en la Argentina.

Aunque no tuvo aplicación en la hidrovía (regida por una legislación específica), el decreto 1010 representó en el mar argentino el fin de la utilización de banderas de países como Liberia, Panamá, Malta y Bahamas, que les permitía a los dueños de los navíos operar con legislaciones extremadamente permisivas respecto de los estándares internacionales de seguridad, y mucho más baratas en términos de costos laborales e impositivos.

Para graficar la situación desventajosa de los trabajadores basta con señalar que si querían enjuiciar a su empleador debían iniciar la demanda en los tribunales del país de bandera.

En los gremios marítimos recuerdan el caso del barco “Arturo Illia”, que tras pertenecer durante años a la petrolera estatal YPF fue vendido a una empresa privada. Durante los ’90 los nuevos propietarios pasaron el navío al registro liberiano. “Nos regía la Ley de Contrato de Trabajo de Liberia, siendo que ese país había estado en las últimas décadas bajo una incesante guerra civil”, evocó un ex empleado de la firma.

Preparan informe

A falta de registros confiables, el Centro de Capitanes de Ultramar prepara “un relevamiento completo” de las matriculaciones, informaron en la organización. Los miembros del centro dijeron hasta ahora no haber conseguido datos oficiales por parte de la Prefectura.

31/10/06
INFOBAE PROFESIONAL