Polémica por el aumento del 36%
No puede dejar de llamar la atención que, en plena lucha oficial contra la inflación y mientras el grueso de las empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran con las tarifas pesificadas y congeladas desde hace cinco años, una reciente resolución del Ministerio de Planificación Federal haya dispuesto un incremento del 36 por ciento en el precio del peaje que percibe la concesionaria Hidrovía S.A. Esta compañía tiene a su cargo el dragado y la operación de la vía navegable troncal Santa Fe-Océano, a través de la cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino.
En el último lustro, este servicio público concesionado por el Estado durante la época menemista fue obteniendo sucesivos reconocimientos por parte de los gobiernos nacionales, que denotan un marcado tratamiento diferencial respecto de las demás prestatarias. Primero, por un decreto de abril de 2002, se dispuso que las tarifas del peaje por el uso del canal quedaran exceptuadas de la pesificación que afectó a los demás servicios públicos; luego, por otro decreto dictado sobre el fin del gobierno duhaldista, se dispuso incrementar en un 45 por ciento el valor del peaje por el uso de la vía navegable; en diciembre de 2004, ya en la actual gestión, se dictó un nuevo decreto prorrogando el aumento tarifario cuya vigencia se había acotado inicialmente a un año, hasta el fin de 2005; más recientemente se aprobó este nuevo incremento, que totaliza un 81 por ciento acumulado, en dólares, desde que se declaró la emergencia económica.
Si bien es cierto que los referidos incrementos tarifarios no afectan directamente el bolsillo de la población en general, y quizá por eso no han sido objeto de reclamos de parte de las asociaciones de consumidores ni del defensor del pueblo, los citados aumentos motivan controversias.
Desde distintos sectores se esgrime que castigan los ingresos de la producción exportadora agrícola e industrial, a la cual en definitiva se trasladan todos los costos incrementales sobre la carga.
Desde la concesionaria, se señala, en cambio, que el adicional en la tarifa es significativamente menor al beneficio producido por el ahorro de costos que permite la mayor capacidad de carga en los buques, y el hecho de que la navegación sea hoy posible las 24 horas del día los 365 días del año, con mayor seguridad y un calado de 34 pies.
Mientras distintas críticas al incremento tarifario hacen hincapié en que se ha detectado un nivel de rentabilidad para la concesionaria superior al contractualmente previsto, la empresa se defiende señalando que sus costos son en un 90 por ciento de procedencia extranjera, al tiempo que el aumento de las tarifas tuvo como contrapartida la eliminación del subsidio que le pagaba el Estado y que representaba el 63 por ciento de los ingresos del concesionario.
Frente a esta disparidad de posiciones, surge la necesidad de que se esclarezca ante la opinión pública sobre la razonabilidad, legitimidad y conveniencia del incremento tarifario.
No puede obviarse que la concesión explotada por la empresa Hidrovía ha sido objeto de severos cuestionamientos, desde su mismísimo origen, de parte de todos los órganos de control de la administración de la propia administración, sin excepción. En este sentido, existen informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Oficina Anticorrupción (OA), cuyas conclusiones revelan irregularidades que se habrían iniciado con el trámite de la licitación y que se extenderían a la renegociación prematura del contrato, la posterior dolarización de las tarifas y los aumentos tarifarios autorizados.
Todas estas graves denuncias tornan difícil de comprender la decisión gubernamental de otorgar sucesivos incrementos tarifarios a esta concesión dolarizada, sin antes esclarecer si hubo o no irregularidades que afectaran la legitimidad de esta contratación. No menos suspicacias genera que se autoricen esos aumentos si se compara el desigual tratamiento dado a esta empresa respecto del que reciben otras concesionarias de servicios públicos, tales como las de electricidad y el gas domiciliario, cuyas tarifas permanecen aún congeladas desde fines de 2001.
Sería saludable que desde la esfera oficial se esclareciera a la población acerca de las sospechas que presenta el desenvolvimiento de este contrato de concesión y que arrojan un manto de dudas sobre la gestión de las anteriores y las actuales autoridades gubernamentales. Además de reclamarla, la transparencia hay que ejercerla.
09/10/06
LA NACION
