La reunión de la Bicameral viró de eje cuando apareció en el Senado el representante de una empresa internacional que prometió encontrar al submarino si Casa Rosada realiza una contratación directa por u$s 3,8 millones , lo que representa u$s1,2 millones menos que la recompensa de casi u$s 5 millones que ofrece el Gobierno.
La reunión de la Bicameral viró de eje cuando apareció en el Senado el representante de una empresa internacional que prometió encontrar al submarino si Casa Rosada realiza una contratación directa por u$s 3,8 millones , lo que representa u$s1,2 millones menos que la recompensa de casi u$s 5 millones que ofrece el Gobierno.
Con el pedido unánime de familiares para que el Ejecutivo se despabile y alimente la búsqueda del ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes el 15 de noviembre pasado en aguas del Atlántico, la comisión bicameral del Congreso para investigar la tragedia se reunió ayer y formuló pedidos de citaciones, incluida la del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
El convite viró de eje cuando apareció en el Senado el representante de una empresa internacional que prometió encontrar al submarino si Casa Rosada realiza una contratación directa por u$s3,8 millones , lo que representa u$s1,2 millones menos que la recompensa de casi u$s5 millones que ofrece el Gobierno.
Quien se presentó casi de improviso en el encuentro fue Hugo Marino, representante de Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), con sede principal en Venezuela. El empresario explicó que si bien la actividad principal es la investigación en hidrocarburos, una tragedia años atrás derivó en el inicio de expediciones de búsqueda en un puñado de accidentes, todas realizadas con éxito.
También dijo que para esos trabajos se utilizaron Vehículos Autónomos Submarinos (AUV, por sus siglas en inglés) y nombró a la noruega Kongsberg, que provee una especie de torpedo que lleva los sonares de barrido lateral de última tecnología para explorar el fondo del océano.
Luego de informar que SEA realizó el año pasado una propuesta -ahora empuja una nueva porque no aceptan la política de recompensa del Gobierno-, Marino detalló que los trabajos de los AUV se centrarían en zonas marcadas de 1.600 millas cuadradas -40 por 40- sobre la base de la información que dé el Ejecutivo y estimó 100 días de expedición, con un retraso del 10-15% en los plazos si se comenzaran los trabajos en el corto plazo, cuestión que podría extenderse en caso de acercarse al invierno.
“El torpedo viaja a una cierta profundidad y lo mantenemos constante, ve 100 metros adelante y concreta un recorrido para dar certeza de que tendremos precisiones de dos centímetros (…) podemos ver ranura a esa profundidad”, señaló el empresario, quien dejó claro que la “tercera pata de esta ecuación es la data, la información que tengamos” para iniciar la búsqueda en la zona delimitada.
Por último, Marino manifestó que la contrapropuesta de la empresa contempla “la ubicación y certificación” en cuanto al hallazgo del submarino, con un pago del 10% al inicio de los trabajos -el empresario confió a Ámbito Financiero el monto total de la operación- y el 90% restante “una vez que se concluyan los objetivos del contrato, sea la ubicación o los 100 días”.
Al término del convite, desde el oficialismo aclararon a Ámbito Financiero que “hay un sinfín de cuestiones técnicas que se deberán analizar antes de acelerar una contratación directa” y que “es muy apresurado decir que se avanzará ya con esta propuesta”.
La reunión de la comisión que comanda el senador peronista José Ojeda (Tierra del Fuego) se inició con disidencias entre oficialismo y oposición por el reglamento de la bicameral. En particular, por los insistentes pedidos de la también senadora Magdalena Odarda (Río Negro) de saltear las votaciones por mayoría simple ante cada pedido de diligencia o medida de prueba que solicite la bicameral, que tendrá finalmente un plazo de 60 días con prórroga por otros 30 para ese tipo de acciones.
También se coordinaron notificaciones por información al Ministerio de Defensa, Cancillería, Armada, Sigen, Auditoría General de la Nación -por las últimas cinco actuaciones de Tandanor- y los expedientes judiciales, siempre con reserva de las partes que contengan secreto de sumario.
Desde la oposición, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona empujó a que la Jefatura de Gabinete “envíe la ratificación o rectificación de las respuestas enviadas en su último informe a la Cámara baja” con respecto a la última ubicación del ARA San Juan.
También exigió precisiones sobre los ejercicios militares combinados e informes sobre las constancias de la Armada de los Estados Unidos en cuanto a la supuesta “explosión” detectada en noviembre pasado. Algunos legisladores antimacristas aprovecharon para alertar que si el oficialismo hace uso de mayorías “circunstanciales” para evitar medidas de prueba, forzará la presentación de las conclusiones -plazo de un año, prorrogable por otro- por distintos caminos.
En otro sentido, la citación al ministro Aguad ante la bicameral se produce tras la denuncia penal de los familiares contra el funcionario. (MARIANO CASAL – AMBITO)
28/03/2018